• El hallazgo de un almacén con 6.200 litros de gasolina en pleno casco urbano evidencia la dejación del gobierno municipal
• PSOE e IU recortan 140.395,61 euros en seguridad mientras los narcos operan con total impunidad en Chiclana

Chiclana de la Frontera a 5 de junio de 2025. El Grupo Municipal del Partido Popular de Chiclana, a través de su concejala Carmen Baena, denuncia la alarmante situación de inseguridad que vive nuestra ciudad, tras el reciente hallazgo por parte de la Guardia Civil de un almacén clandestino con más de 6.200 litros de gasolina destinados al abastecimiento de narcolanchas. El descubrimiento, realizado en pleno casco urbano, junto al río Iro, en una antigua granja transformada en polvorín, podría haber causado una tragedia de consecuencias incalculables.

Los populares denuncian que mientras los narcos se organizan, se arman y se implantan en el corazón de Chiclana, el alcalde José María Román y su delegado de Seguridad, José Manuel Vera, demuestran una despreocupación insultante hacia los problemas reales de los vecinos. Para Baena: “Están más interesados en la zona naranja para cobrar por estacionar en la playa, en subir impuestos como el IBI, el agua o la basura, en colocar radares para multar a los chiclaneros, que en garantizar la seguridad en las calles. Una vez más queda demostrado que para este gobierno municipal lo prioritario no es la protección de las familias chiclaneras, sino vaciarles los bolsillos”.

El Partido Popular de Chiclana lleva meses alertando de esta situación. En el pleno de diciembre de 2024, la presidenta local, Ascensión Hita, denunció la creciente sensación de inseguridad en el municipio. En los plenos de febrero y abril de 2024, los populares llevaron la propuesta de declaración de Zona de Especial Singularidad para la provincia de Cádiz y la calificación de profesión de riesgo para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ambas iniciativas fueron rechazadas por PSOE e IU, evidenciando su falta de compromiso con la lucha contra la inseguridad ciudadana y el narcotráfico.

El PP denuncia que, en abril de este mismo año, su Grupo Municipal preguntó en el pleno por la oleada de robos en comercios y viviendas y por el uso del río Iro por parte de las mafias para sus actividades delictivas. En mayo, la propia concejala Carmen Baena volvió a denunciar la pasividad del gobierno municipal ante actos vandálicos cada vez más frecuentes…, todas actuaciones sin ninguna respuesta efectiva.

“Nada ha cambiado. Todo sigue igual o peor. Román y Vera ni están ni se les espera cuando se trata de proteger a los ciudadanos”, afirma la concejala popular.

“Y lo más sangrante: mientras las mafias campan a sus anchas, el gobierno municipal ha recortado 140.395,61 euros del presupuesto en materia de seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, presumen de un superávit de 12 millones de euros. ¿De qué sirve ese superávit si los chiclaneros y chiclaneras ven cómo proliferan actividades relacionadas con el narcotráfico sin que el alcalde y su delegado de seguridad hagan absolutamente nada? ¿De qué sirven los 491.902,93 euros que se gastaron en 2024 en publicidad y propaganda, o las comilonas organizadas por la Delegada de Fomento, si lo esencial, que es la seguridad, está completamente abandonada?, se pregunta.

Los populares insisten en la gravedad de la situación que se está generando por la pésima gestión del bipartito. Incluso denuncian que la propia Guardia Civil ha manifestado en prensa hace apenas un mes que «el narco es dueño y señor de estas aguas», en referencia a la impunidad con la que operan las narcolanchas en el entorno de Sancti Petri. “La situación está llegando a un punto límite” –indica Carmen Baena–. “Chiclana no puede convertirse en un centro logístico del narcotráfico mientras su gobierno municipal se dedica a multar, a recaudar, y ahora a pintar de naranja la playa para cobrar otros 144.000 euros a los trabajadores de la hostelería chiclanera por aparcar”.

Por último, la concejala del Partido Popular de Chiclana pide responsabilidades por la dejadez y el abandono del gobierno local. “Exigimos un cambio de rumbo inmediato. Pedimos que Román y Vera dejen de esconderse y den la cara, que abandonen su obsesión recaudatoria y asuman que su inacción está poniendo en peligro a toda una ciudad. La seguridad no es una opción. Es una obligación.”, concluye.